Empresas privadas bajo inspección pública que se encarguen de que en procesos de divorcio con menores se establezca que en desacuerdo entre partes con deudas/inmuebles si estas no se ponen de acuerdo la empresa en cuestión gestione los activos de ambas partes para evitar situaciones de morosidad en la medida de lo posible quedándose esta con los beneficios o en caso de pérdidas tratando sean las menores (asumidas por las partes) y recibiendo la comisión por los servicios del propio estado.

Que las partes en caso de denuncias de violencia de género o similares queden a la custodia y supervisión preventiva de una tercera empresa que gestione mediante dispositivos de control a ambas partes en territorio neutral (puesto por la propia empresa/estado) de manera que los hijos no sufran los impactos en tanto se resuelven los procesos judiciales (dilatación por la carga de trabajo de juzgados e incluso en ocasiones viciados por la propia legislación) disponiendo estas de trabajo preferente sobre acuerdos con terceros paises. De manera que se satisfaga una necesidad y que en caso de reconciliación entre partes estas deban retornar todos los gastos ocasionados a las empresas privadas (las cuales a su vez compensarán al estado por las aportaciones económicas recibidas).

De esta forma se favorece evitar muertes, permite custodia efectiva de los menores y control exhaustivo de forma que puedan tener un desarrollo normal en situaciones de extremo sin obligar a ninguna parte a sumirse a la otra a causa de miedo y/o legislación vigente por las creencias morales de la sociedad en un estado declarado oficialmente como laico favoreciendose así las creencias en la familia (nueva familia) y en la igualdad entre ciudadanos atiendendo a conceptos éticos y morales.

Se evita el abuso de las colegiaciones, se favorece valoraciones de empresas especializadas, se fomenta el uso responsable de medios de control y permite sistemas de prueba para control de población sensible (presos en procesos de reinserción, ciudadanos potencialmente peligrosos en libertad condicional/control de presencia, estafadores con riesgo de fuga, ...). Evita trato discriminatorio en procesos de presunción de inocencia sin riesgos para las personas (violencia de género, amenazas, ...) ni para los casos de estafa (Especialmente económica: dioni, malaya, ...).

Fomenta integración tecnologías e inversiones en sistemas GPS y no se utilizan únicamente como mecanismo disuasorio/discriminatorio en lugares/zonas transfronterizas. Favorece abaratamiento de costes.